DESDE LA FE

La encíclica Dilectissima nobis, de Pío XI, y la política religiosa de la Segunda República

Verdadera memoria


Pío XI

«Aparece, por desgracia, demasiado claro el designio con que se dictan tales disposiciones, que no es sino educar a las nuevas generaciones, no ya en la indiferencia religiosa, sino con un espíritu abiertamente anticristiano»: a pesar de su actualidad, éstas son palabras de la encíclica de 1933 Dilectissima nobis, de Pío XI, ante los ataques a la Iglesia, en la España de la Segunda República. Palabras que recoge, en este artículo, el ex Rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera y Director del Instituto de Estudios Históricos, don Alfonso Bullón de Mendoza, como resumen de la ponencia que pronunció en el ciclo de conferencias mensuales del Aula de Doctrina Social de la Iglesia, que la Asociación Católica de Propagandistas organiza cada mes en Madrid

La quema de conventos que, en mayo de 1931, antes de que hubiera pasado un mes de la proclamación de la Segunda República, tuvo lugar en Madrid y otras ciudades de España, ante la más completa pasividad de las nuevas autoridades (recuérdese la famosa frase de Azaña: Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano), puso en evidencia que la convivencia de los católicos no iba a ser fácil.

Sectarismo innegable

El debate constitucional de 1931 puso aún más de relieve el sectarismo del nuevo régimen. En el debate sobre los artículos 3,26 y 27 de la Constitución, que abordaban los temas relativos a las relaciones Iglesia-Estado, el ministro de Fomento, Álvaro de Albornoz, no dudo en expresarse en los siguiente términos: «Una Constitución no puede ser nunca una transacción entre los partidos. [...] No más abrazos de Vergara, no más pactos de El Pardo, no más transacciones con el enemigo irreconciliable de nuestros sentimientos y de nuestras ideas. Si estos hombres creen que pueden hacer una guerra civil, que la hagan; eso es lo moral, eso es lo fecundo».

Pero el discurso central del debate fue el de Azaña señalando que España ha dejado de ser católica. No dudaba el político complutense de que en España hubiera millones de católicos, «pero lo que da el ser religioso de un país, de un pueblo y de una sociedad no es la suma numérica de creencias o de creyentes, sino el esfuerzo creador de su mente, el rumbo que sigue su cultura», y como ésta ya no estaba imbuida del mismo catolicismo que la del Siglo de Oro, había que plasmar esta nueva      realidad en el nuevo ordenamiento jurídico.
 

Prescindiendo de lo peculiar que resulta que un político liberal considere que da igual el número de personas que profesan una determinada creencia, lo cierto es que tampoco se ve muy claro por qué tocaba entonces emprender la persecución de la Iglesia, pues la Constitución diferenció entre dos clases de españoles: los miembros de las congregaciones religiosas y todos los demás.

Las Órdenes religiosas, tal y como se plasmó en el artículo 26, no podrían dedicarse a la enseñanza –«Ésta es la verdadera defensa de la república. A mí que no me vengan a decir que esto es contrario a la libertad, porque esto es una cuestión de salud pública»– y tampoco a la industria ni el comercio. Además, sus bienes podrían ser nacionalizados y serían expulsadas las que tuvieran un cuarto voto de obediencia a una autoridad distinta a  la del Estado (jesuitas).

Poner a salvo los derechos de Dios

Muchas de las cosas que se decían en la Constitución debían ser desarrolladas por el ordenamiento jurídico posterior, y por lo que a este artículo se refiere lo serían en la Ley de Congregaciones religiosas de 2 de junio de 1933. Tan sólo un día más tarde, Pío XI publicaba la encíclica Dilectissima nobis.


Menéndez  Pelayo

El texto comienza recordando, en la línea del discurso final de la Historia de los heterodoxos, de Menéndez Pelayo, que la gloria de España estaba íntimamente unida a la religión, y advirtiendo que la política seguida por el Gobierno hería los sentimientos de gran parte de los españoles, lo que no era apropiado para conseguir «aquella concordia de espíritus que es indispensable para la prosperidad de una nación». Recordaba el Pontífice que, para la Iglesia, eran igualmente legítimas todas las formas de gobierno, «con tal de que queden a salvo los derechos de Dios y de la conciencia cristiana», y que, por tanto, había mostrado desde el primer momento su disposición a colaborar con las nuevas autoridades, disposición también mostrada por la jerarquía eclesiástica española y por los fieles (recuérdese el artículo de Ángel Herrera en El Debate, del 15 de abril de 1931, señalando que «la República es la forma de Gobierno establecida en España; en consecuencia, nuestro deber es acatarla»).


Fomentar el odio a Cristo

Por ello, era de temer que la persecución hacia el catolicismo de los nuevos gobernantes se debía al odio que «contra el Señor y contra su Cristo» fomentaban «sectas subversivas de todo orden religioso», tal y como sucedía en Rusia y Méjico. Solo así se explicaban las dificultades que se ponían a la enseñanza religiosa y a todas las manifestaciones de culto público, llegando incluso a establecerse que quienes quisieran enterrarse como católicos debían hacer una declaración notarial al respecto.

Objetivo: los jóvenes

La Iglesia era atacada en sus propiedades, de las que se la despojaba, por más que se permitiera que continuara con su uso, sometido al pago de impuestos, que serían muy difíciles de pagar, pues se había prohibido que las Órdenes se dedicasen a labores lucrativas, como la enseñanza, la industria y el comercio. Se reconocía a la Iglesia el derecho de poseer los bienes que pudiese adquirir o recibir en el futuro, pero «sólo podrá conservarlos en la cuantía necesaria para el servicio religioso», con lo que, de nuevo, quedaba sujeta a la arbitrariedad del Estado. La limitación de los bienes de las Órdenes tendría, además, consecuencias negativas para la sociedad, pues no podrían seguir ejerciendo sus labores caritativas.

La disposición según la cual podrían ser suprimidas las Congregaciones que pudiesen ejercer una actividad peligrosa para la seguridad del Estado, señalaba el Papa, hacía recaer sobre ellas la sospecha, excitando así «las pasiones hostiles de la plebe». Y añadía: «De todo esto aparece, por desgracia, demasiado claro el designio con que se dictan tales disposiciones, que no es otro sino educar a las nuevas generaciones, no ya en la indiferencia religiosa, sino con un espíritu abiertamente anticristiano, arrancar de las almas jóvenes los tradicionales sentimientos católicos tan profundamente arraigados en el buen pueblo español y secularizar así toda la enseñanza, inspirada hasta ahora en la religión y moral cristianas».

Más de 200 iglesias destruidas

El documento concluía con una llamada a los católicos a la acción, para conseguir, «por todos los medios legítimos», que la legislación persecutoria fuera derogada, aunque sin olvidar «que, más que en el auxilio de los hombres, hemos de confiar en la indefectible asistencia prometida por Dios a su Iglesia».

La encíclica no consiguió, como ya era sabido, atemperar la política antirreligiosa de la República, pero la victoria de la CEDA y los radicales proporcionó una relativa paz, interrumpida por la revolución socialistas de octubre de 1934, en que fueron destruidas 48 iglesias y asesinados 34religiosos. La situación empeoró notablemente tras el triunfo del Frente Popular, con 160 iglesias totalmente destruidas y otras 251 dañadas entre los meses de febrero y junio, según puede leerse en el informe presentado a las Cortes por Gil Robles.
 

Como había vaticinado Pío XI, la persecución religiosa no fue buena para la convivencia, y muchos de los que fueron a la guerra en 1936 lo hicieron convencidos de tomar parte en un auténtica cruzada.

Alfonso Bullón de Mendoza